Activistas y periodistas espiados por gobierno mexicano

 

Todos los casos de espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas tiene un denominador común: documentan casos que han resultado incómodos para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ayotzinapa; las masacres de Tlatlaya y Tanhuato; el impulso de leyes anticorrupción, como la Ley3de3, y la investigación de casos emblemáticos de corrupción como la Casa Blanca y el desfalco multimillonario de gobiernos estatales.

Por ello, periodistas y activistas espiados solicitarán la creación de un grupo de expertos independientes para investigar el caso de espionaje, ante la probada incapacidad del gobierno mexicano para investigarse a sí mismo ante violaciones graves a los derechos humanos.

Así lo explicaron los involucrados durante la conferencia de prensa en que se dio a conocer la denuncia interpuesta por la manera en que el gobierno mexicano realizó una “operación de Estado” para espiar ilegalmente a sus críticos, usando un software espía llamado Pegasus que fue desarrollado por la empresa NSO Group.

“Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones”, señaló la periodista Carmen Aristegui, quien recibió al menos 16 ataques para espiar sus comunicaciones privadas junto con su equipo de colaboradores y su hijo Emiliano, quien entonces era menor de edad.

Esto es una operación de Estado, donde los agentes del Estado mexicano, lejos de hacer lo que deben hacer legalmente, han utilizado nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos graves. Y de eso tiene que dar cuenta el jefe del Estado mexicano, que es el presidente de México”.Carmen Aristegui, periodista

“No es casual que, precisamente en los momentos más difíciles de este gobierno, momentos donde tendría que haber salido a dar explicaciones de matanzas, ejecuciones, hechos de corrupción, casos que se han investigado por periodistas y han seguido defensores humanos, lejos de dar las respuestas necesarias, lo que hubo fue espionaje”, agregó la periodista.

“¿Qué más, señor presidente. Qué sigue? Si es capaz de llegar al extremo de espiar a un adolescente. ¿No le parece, presidente, siniestro?”, cuestionó Aristegui en alusión al intento de espionaje a su hijo, Emiliano, al “golpe de censura” con el que su equipo salió de la radio por presiones a la cadena MVS Noticias, a las demandas judiciales en su contra y al allanamiento a sus oficinas.

De ahí que activistas como Mario Patrón, director del Centro Prodh, organización que ha documentado e investigado casos de violaciones graves de derechos humanos, además de acompañar jurídicamente a las víctimas de casos como Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato, solicitó la creación de un mecanismo independiente para investigar al Estado mexicano, el cual es señalado de incapacidad para garantizar la impartición de justicia por crímenes perpetrados por el mismo Estado.

“Nos han enviado mensajes claro y directos, de que les incomodamos y nos están vigilando”, dijo Patrón. “La gran pregunta es si el gobierno podrá investigarse a sí mismo. Creo que todos conocemos la respuesta”, agregó.

Hoy pedimos como condiciones mínimas para investigar estos casos de espionaje, la integración de una comisión independiente de expertas y expertos que hagan un escrutinio y un monitoreo expreso y profundo a las investigaciones”. Mario Patrón, director del Centro Prodh

“Pedimos esta comisión independiente porque estamos convencidos que hay momentos donde la institucionalidad del Estado está tan socavada, que no hay ni voluntad política ni capacidad institucional para este tipo de investigaciones. Si revisamos estos últimos dos años y medio, los casos más representativos de violaciones graves a los derechos humanos, en ninguno hay ni verdad ni justicia”, señaló Patrón. “Por eso tenemos que caminar hacia mecanismos extraordinarios”, agregó.

Explicó que una de las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue, precisamente, la creación de un consejo sobre la impunidad, que podría ser nacional e internacional, “justo porque la institucionalidad del Estado está socavada”.

Por ello exigió a los tres poderes tomar medidas que podrían ayudar a resolver el caso, en lugar de entorpecerlo.

En este sentido, exigió al poder Ejecutivo transparentar los contratos para la adquisición de este spyware.

Agregó que no son necesarias más comisiones legislativas en el Congreso, que “no han servido para nada, o casi nada”, aunque sí pidió que, por lo menos, los legisladores dejen de aprobar marcos legislativos regresivos como la Ley de Seguridad Interior que busca otorgar facultades a los militares para hacer trabajo de espionaje contra civiles.

Al Poder Judicial le pidió ser actor y transparentar si existen órdenes judiciales emitidas para que el Estado mexicano espíe a integrantes de la sociedad civil. Al Instituto Nacional de Acceso a la Información le cuestionó qué hará para garantizar la protección de datos personales y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos le exigió medidas cautelares para los activistas y periodistas espiados ilegalmente.

“Uno de los graves problemas de esto es que pueden dar con nuestras fuentes”, señaló el periodista Daniel Lizárraga. “¿Cómo vamos a garantizar nosotros la seguridad de esas personas? Tenemos la responsabilidad de protegerlos y resguardar su identidad y, de pronto, ellos se enteran quién es”, señaló. “El Estado se tiene que hacer responsable de lo que le pueda pasar a nuestras fuentes”, agregó.

“Los mencionados en mi reportaje (sobre Tanhuato) son los responsables de hacer espionaje para el gobierno”, señaló el periodista Carlos Loret de Mola en una entrevista publicada en el reporte de la organización R3D, donde se detallan los casos de espionaje.

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